Mientras el presidente Javier Milei encaraba su viaje relámpago a Paraguay, en Honduras los jefes de estado y gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ultimaban detalles de una declaración conjunta condicionada por una cuestión de fondo ineludible: los efectos de la «guerra arancelaria» implementada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El contraste ideológico entre Asunción y Tegucigalpa era evidente: de un lado, el presidente argentino alineado irrevocablemente a Washington se encontraba con su par paraguayo, Santiago Peña, en un intento de armar un frente contra el sello progresista de la región. Del otro, el presidente brasileño, Lula da Silva, lideraba el debate en el foro regional que tuvo dos ejes: las críticas a la «cruzada arancelaria» de Estados Unidos; y la defensa del derecho internacional, en un momento marcado por el uso de la fuerza y abiertas violaciones a las convenciones de Ginebra en las guerras de Ucrania y Gaza.
«Nuestra autonomía está nuevamente amenazada. El momento exige que dejemos de lado nuestras diferencias. Los intentos de restaurar antiguas hegemonías se ciernen sobre la región. La historia nos enseña que las guerras comerciales no tienen ganadores», dijo el presidente brasileño al cierre de la cumbre de este jueves.
La postura argentina ante CELAC: entre el faltazo y las críticas
Como corolario, la «Declaración de Tegucigalpa», el documento que refleja la postura común del foro, no dejó lugar a dudas respecto a la postura de los principales líderes regionales a la embestida trumpista. En tanto, fue cuestionada por el gobierno argentino, que está abocado a llevarse bien con Washington en función del inminente acuerdo con el FMI. «Carece de validez», indicó la Cancillería argentina en un comunicado
«La presidencia pro témpore hondureña intentó imponer dicho texto de manera ilegítima, invocando una figura inexistente en el marco normativo de la CELAC: el llamado ‘consenso suficiente'», continúa el texto. También destacó que Argentina «no otorgó su consenso» para la firma del documento que tiene una fuerte impronta simbólica, y criticó que se le dé lugar a países «autoritarios y no democráticos», en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Pero el foro regional fue desestimado por Casa Rosada, que relegó a la región a un segundo orden como parte de la reestructruración de Cancillería que encara Gerardo Werthein. A tal nivel que ni Milei ni el canciller asistieron sino que enviaron al vicecanciller Eduardo Bustamante, quien cumple funciones protocolares y tiene poco peso político en el entramado de Cancillería, según supo este medio de fuentes diplomáticas. Bustamante, en tanto, es uno de los escasos funcionarios designados por Diana Mondino que permanecieron en el cargo con el cambio de gestión.
En esa línea, la figura de la tercera economía de América Latina quedó desdibujada frente al liderazgo de otros países, inclusive Uruguay. Su presidente, Yamandú Orsi, reforzó el llamado al respeto por el derecho internacional frente a un «peligroso debilitamiento del sistema basado en reglas». Y, en esa línea, reivindicó el derecho de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur como una causa regional.
«En nuestra región este llamado nos lleva a reafirmar dos reivindicaciones históricas: la defensa a la soberanía de los estados de derecho, a vivir sin amenazas agresiones o medidas coercitivas unilaterales, como se dijo acá, respecto al bloqueo a Cuba o al derecho de la Argentina sobre las Islas Malvinas», puntualizó el presidente uruguayo.
Fuente: Perfil