Los astilleros del Estado en República Dominicana, a pesar de su potencial para impulsar la economía marítima del país, han sido desaprovechados debido a una gestión ineficaz y deudas acumuladas.
Arrendados a empresas privadas o gestionados por la Armada, estas instalaciones no han logrado integrarse en la estrategia gubernamental para convertir al país en un centro logístico regional.
A través de contratos con condiciones financieras blandas, las empresas arrendatarias deducen inversiones realizadas, lo que ha limitado los ingresos que el Estado debería recibir.
En la actual gestión de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), encabezada por Jean Luis Rodríguez, se han firmado contratos que ceden parte de los pagos mensuales a las empresas beneficiarias como forma de compensar la inversión realizada en las instalaciones.
Aunque estas medidas buscan fomentar el desarrollo de los astilleros, los resultados han sido insuficientes. Además, la falta de un control adecuado en estas negociaciones ha llevado a la creación de una relación de deudas mutuas, afectando el crecimiento del sector.
Un ejemplo de estas problemáticas es el contrato entre la Armada Dominicana y Astilleros Navales Bahía de las Calderas (Anabalca), donde se han dado acuerdos y desacuerdos que culminaron en investigaciones por parte de la Cámara de Cuentas.
En ocasiones, se ha señalado que los contratos han perjudicado al Estado, lo que plantea la necesidad de una mayor transparencia y una revisión de los términos para aprovechar mejor los astilleros y cumplir con las aspiraciones logísticas del país.