El Gobierno de Argentina presentó una denuncia penal al considerar que existen irregularidades en cerca del 50 % de los comedores que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, creado durante la pandemia.
La denuncia ante la Justicia fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, cuya titular es Sandra Pettovello. El caso cayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, juez que es propuesto por la actual Administración de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, refiere La Nación.
Conforme a la denuncia, casi la mitad (47,7 %) de estos comedores para personas de escasos recursos, que fueron financiados por el Estado durante el Gobierno de Alberto Fernández, presentaron inconsistencias, puesto que en algunos casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales, en otros nunca funcionó uno de estos recintos en la dirección declarada y varios más ya no están.
En un caso, uno de estos centros de asistencia social tiene declarado que funcionaba en un lugar donde realmente está un ‘country’ (urbanización cerrada).
Respecto al Gobierno, los hechos denunciados podrían considerarse como delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude al Estado y abuso de autoridad.