La lucha contra la corrupción en la República Dominicana fue prácticamente nula durante el período de los llamados “12 años” de Gobierno del doctor Joaquín Balaguer (1966-1978), a pesar de la injustificada opulencia que exhibía la mayoría de sus funcionarios.
Prácticamente todos sabían que en la administración pública existía corrupción, lo que llevó al exmandatario a afirmar que “la corrupción se para en la puerta de mi despacho”. Naturalmente, la inacción obedecía a un sistema judicial profundamente subordinado al Poder Ejecutivo.
Hasta entonces, la historia republicana solo registraba el caso de los Trujillo como el único expediente de importancia conocido en los tribunales en los últimos 65 años.
Durante los llamados “12 años”, la prensa y la oposición denunciaban a diario sobornos, contrabando y exoneraciones ilegales, pero los tribunales no procesaban a los funcionarios. El sistema se enfocaba más en el control político y la represión que en la transparencia administrativa. Mientras tanto, muchos funcionarios exhibían yates y lujosas residencias en las playas.
Según diversos analistas, la corrupción fue utilizada como un mecanismo de lealtad política, permitiendo que militares y altos funcionarios se enriquecieran mediante obras públicas y monopolios, como forma de mantener el control y evitar intentos de desestabilización.
La corrupción en los 12 años de Balaguer: ¿Un caso de impunidad?
Aunque no llegaron formalmente a los tribunales como “expedientes”, era de conocimiento público la asignación de contratos “grado a grado sin licitación” para la construcción de infraestructuras. Estos contratos beneficiaban a una élite de ingenieros y militares cercanos al presidente, mientras se sostenía el discurso de que la corrupción se detenía en la puerta del despacho presidencial.
El uso de tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y del Instituto Agrario Dominicano (IAD) para favorecer a allegados políticos tampoco se convirtió en expedientes judiciales. De igual manera, los permisos masivos de importación libres de impuestos contribuyeron a la formación de una clase empresarial vinculada al favor presidencial.
Datos históricos recogidos por El Nacional indican que Balaguer concluyó su período de los “12 años” prácticamente sin casos relevantes de corrupción en los tribunales. Fue en 1978, tras el cambio de Gobierno, cuando se intentó —sin resultados— llevar algunos casos a la justicia.
Un informe de la firma Carlos Felipe Law Firm señala que, en un bloque de 20 años que incluye parte de la era de Balaguer, de 130 casos de corrupción abiertos en el país, solo uno concluyó con sentencia condenatoria firme.
Tras finalizar el período de los “12 años”, Balaguer retornó al poder en 1986 y gobernó hasta 1996. Durante esa etapa, según analistas de la época, intentó impulsar procesos judiciales vinculados a corrupción, en un contexto marcado más por rivalidades políticas que por un fortalecimiento institucional.
Es en ese período cuando llega a los tribunales el segundo expediente de importancia de los últimos 65 años, tema que será abordado en la tercera entrega de esta serie de reportajes.
Fuente: El Nacional