La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Esta reforma busca fortalecer la protección de las víctimas, especialmente niñas, niños y adolescentes, quienes son particularmente vulnerables a ser víctimas de explotación sexual, esclavitud y trabajos forzados. El objetivo principal de las modificaciones es mejorar la persecución de este delito y reforzar las sanciones aplicables a quienes cometan estos crímenes.
El artículo 3 de la ley ha sido reformado para ampliar la definición de trata de personas, abarcando actos como el uso de fuerza, coacción, fraude, abuso de poder o engaño para someter a las víctimas a diversas formas de explotación.
Las sanciones para los culpables incluirán penas de 10 a 20 años de prisión y multas de entre 150 a 300 salarios mínimos. Asimismo, se modificó el artículo 7, aumentando las penas para los casos en los que las víctimas sufran daños físicos, psicológicos o incluso la muerte, especialmente si involucran a menores de edad o personas vulnerables.
Las penas se incrementan significativamente en casos agravados, como cuando las víctimas presentan inmadurez psicológica, discapacidades o son niños, niñas o adolescentes.
En tales situaciones, los perpetradores enfrentan penas de 20 a 30 años de prisión y multas de hasta 400 salarios mínimos del sector público. Estas reformas reflejan el compromiso del Estado dominicano de combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes con mayor firmeza.