El tramo que atraviesa El Roblegal, en la sección Las Barias, del municipio Baní, en el sur de la República Dominicana, es custodiado por una caseta en la que de acuerdo con los vecinos, de vez en cuando es vigilada por un vigilante armado que controla el paso y solo permite el ingreso de camiones y maquinaria pesada cargados de arena y grava que se usan para la construcción. Poco a poco esto ha hecho desaparecer al Río Nizao.
“Décadas de explotación indiscriminada han provocado una sobreexcavación severa del cauce, hundiendo su lecho y colapsando sus márgenes”, explica el biólogo Luis Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a El País.
De acuerdo con las leyes de República Dominicana se prohíbe la extracción de agregados, pero permite concesiones bajo ciertas condiciones. Desde 1986, varios gobiernos han intentado frenar la actividad con decretos y acuerdos que nunca se han cumplido. Hoy técnicamente, está vetada, pero el problema persiste.
Luis Abinader, presidente de República Dominicana, ha comparado el negocio ilegal de las granceras con el narcotráfico. Por ello, el mandatario ha autorizado más permisos para canteras secas y el uso de sedimentos extraídos de presas como alternativa para el sector de la construcción.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríque, estima que el negocio de los también llamados áridos legales e ilegales mueve unos 1.000 millones de dólares al año.
Asesinatos por denuncias
Todo ello lo ha convertido en uno de los lugares más peligrosos. Y es que denunciar ha traído como consecuencia el asesinato. En 1998 el agricultor Sixto Ramírez fue asesinado tras denunciar la extracción ilegal donde operaba la grancera Alba Sánchez.
Alexis Rodríguez, un exbeisbolista, publicó un vídeo en TikTok en el que mostraba operaciones ilegales en el río Nizao. Pocos meses después, recibió amenazas de muerte y fue extorsionado a punta de pistola, según denunció en El País.
Rodríguez denunció que le exigieron 33,000 pesos dominicanos. “Me vi obligado a rentar mi negocio de comida” reconoció. La violencia cada vez es más común: amenazas y disparos contra activistas medioambientales, periodistas, inspectores, cuerpo del ejército, así como asesinatos.
Fuente: As