Cuando un ministro de Hacienda propone nueva institucionalidad fiscal, habla de eliminar impuestos y reformular el presupuesto nacional, pero evita pronunciar las palabras «reforma fiscal», el mensaje entre líneas resulta más revelador que el discurso mismo.
Eso ocurrió en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR). El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, trazó ante el empresariado una agenda de cambios profundos. En la práctica, esos cambios configuran una reforma estructural que el gobierno todavía no se atreve a nombrar.
A continuación, los cinco ejes centrales del planteamiento y lo que significan para la economía dominicana.
- El diagnóstico incómodo: una economía por debajo de su potencial
El punto de partida del ministro fue una confesión técnica de notable peso político. La economía dominicana creció apenas 2.1 % el año pasado. El promedio histórico del país ronda el 5 %. Esa brecha no es un dato menor. Significa que el país operó en 2024 a menos de la mitad de su capacidad productiva real.
Detrás de ese número se acumulan varios factores. El sector construcción arrastraba cinco trimestres consecutivos en negativo. La inversión privada enfrentaba trabas burocráticas sin resolver. La confianza empresarial resentía la ausencia de señales claras desde el gobierno. Reconocer ese rezago públicamente, ante un foro empresarial de alto perfil, implica asumir que el modelo de gestión necesita ajustes urgentes.
- Inversión pública como palanca de reactivación
El ministro anunció la intención de acelerar la ejecución de la inversión pública. El objetivo es que un presupuesto reformulado incluya entre medio punto y un punto adicional del PIB. En términos concretos, eso representa entre 30,000 y 60,000 millones de pesos adicionales para obras e infraestructura.
La pregunta que los economistas ya se hacen es directa: ¿de dónde vendrán esos recursos? Incrementar la inversión pública en esa magnitud requiere, casi inevitablemente, una reforma tributaria. El gobierno parece saberlo. Por eso el discurso de Díaz no cierra puertas; las deja cuidadosamente entornadas.
Magín Díaz delineó una hoja de ruta que busca reactivar el crecimiento, simplificar el sistema tributario y modernizar la gobernanza fiscal.
- Destrabar la inversión privada: el verdadero cuello de botella
Hay un consenso claro entre los sectores público y privado. El entorno regulatorio dominicano acumula décadas de distorsiones que desincentivan la inversión formal. El ministro anunció que el gobierno apostará a removerlas. El marco de trabajo será la iniciativa Meta RD 2036, construida conjuntamente entre ambos sectores.
La agenda concreta incluye tres acciones inmediatas. Primero, el envío al Congreso de un proyecto de ley para eliminar impuestos anacrónicos sin justificación técnica ni económica. Segundo, la automatización de 12 procesos de exenciones fiscales que Hacienda lanzará en mayo. Tercero, la agilización de las exenciones del ITBIS mediante factura electrónica y scoring tributario, en coordinación con la DGII. Son medidas con fecha y mecanismo definido. Eso las distingue del discurso de promesas habitual.
- Institucionalidad Fiscal 2.0: la reforma que entra por la ventana
Este fue el anuncio de mayor calado estructural de toda la presentación. Díaz propuso una nueva institucionalidad fiscal con cuatro componentes clave. El primero es redefinir la regla fiscal para que no limite el gasto de capital. El segundo es crear un Consejo Fiscal autónomo. El tercero es diseñar un esquema para administrar los ingresos de las tierras raras. El cuarto es la focalización gradual de los subsidios generalizados que aún existen.
Cada componente tiene peso propio. Liberar el gasto de capital de la regla fiscal es técnicamente razonable, pero requiere controles sólidos para evitar excesos. Un Consejo Fiscal autónomo introduciría una mirada independiente sobre las finanzas del Estado. El esquema para las tierras raras apunta a uno de los recursos estratégicos más prometedores del país. Y el desmonte gradual de subsidios —incluido el eléctrico— es la medida más políticamente costosa. También es la más urgente desde el punto de vista fiscal.
- La OCDE como compromiso institucional, no como aspiración de estatus
El último punto del ministro fue el más simbólico. Díaz reencuadró el significado del ingreso dominicano a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No es, dijo, acceder al club de los países ricos. Es comprometerse con estándares internacionales de buenas prácticas. Ese matiz cambia por completo la conversación.
Con ese reencuadre, la adhesión a la OCDE deja de ser una aspiración de prestigio. Se convierte en una exigencia de calidad institucional. Las reformas fiscales, regulatorias y de transparencia no serían un favor a los inversores extranjeros. Serían el costo de entrada al estándar que el país decidió alcanzar.
Francesca Rainieri, presidenta de AMCHAMDR aseguró que, en un mundo marcado por la volatilidad, la República Dominicana se consolida como un destino seguro para la inversión.
El contexto internacional que presiona la agenda
El escenario externo añade urgencia a toda esta hoja de ruta. La incertidumbre global afecta los precios de la energía, los mercados financieros y las cadenas de suministro. Ante ese panorama, el gobierno apuesta por proyectar estabilidad. El ministro aseguró que el Banco Central y el Ejecutivo están preparados para enfrentar los choques externos.
Desde AMCHAMDR, Francesca Rainieri reforzó ese mensaje. Señaló que la República Dominicana se consolida como destino seguro para la inversión en un mundo volátil. La coincidencia de narrativas entre el sector privado y el gobierno no es accidental. Ambos tienen interés en que los capitales dominicanos en el exterior encuentren condiciones atractivas para invertir productivamente en el país. Más allá de las remesas tradicionales, hay un genuino deseo de apuesta por proyectos productivos. Esa es, quizás, la mejor señal de confianza en el clima de negocios dominicano.
Fuente: Mercado