El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero, Argentina, Federico López Alzogaray, fue denunciado por el Comité de Derechos Humanos del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), tras identificar lo que serían graves violaciones a los derechos humanos contra un campesino al que habría despojado de sus tierras y lo habría obligado a abandonar su propiedad.
El comité viajará próximamente a Argentina para presentar un informe ante las autoridades judiciales y exponer las irregularidades en el caso de Manuel Asencio Ardiles, la víctima de un hecho que ya tomó estado público en la prensa de los Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, Federico López Alzogaray utilizó supuestamente su posición de presidente de la máxima autoridad judicial de Santiago del Estero para presentar una demanda y dictar una medida precautelatoria que obligaba a Ardiles a abandonar su propiedad. Armando Valladares, presidente del IID y ex embajador de EEUU ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirmó que la investigación incluyó una visita a la zona afectada, la recepción de testimonios y un análisis de documentos legales: “Tras una amplia investigación, hemos podido constatar las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de esta familia en Argentina”.
“Lo más grave es que estos hechos se produjeron bajo un ropaje de legalidad, utilizando el sistema judicial para vulnerar los derechos de un campesino”, declaró Feraud, secretario del IID, durante la conferencia de prensa realizada el viernes último en Estados Unidos.
El 19 de enero de 2023, el Comité visitó a Manuel Asencio Ardiles y a su familia en un caserío del municipio de Forres, en Santiago del Estero. Ardiles estaba muy delicado de salud, por lo que el encuentro se hizo con su esposa y su abogado, Juan Parra. La familia Ardiles habitaba una vivienda prestada, en condiciones de extrema pobreza, sin medios económicos para subsistir ni adquirir medicinas necesarias.
La esposa del campesino describió al detalle cómo fueron hostigados y amenazados por empleados de López Alzogaray y relató la brutalidad con la que se ejecutó el desalojo, que involucró a un centenar de policías, quienes impidieron a la familia llevarse sus pertenencias personales y ropa. “Ni siquiera algunas gallinas que utilizaban para subsistir”, detallaron en el informe. Como resultado, en las siete hectáreas que les quedaron, no pudieron alimentar a los animales y murieron de hambre.
La comisión recomendó a la provincia de Santiago del Estero que “debe responder a la familia Ardiles por los errores de su catastro, la pérdida de los expedientes judiciales y, en definitiva, la conculcación del derecho a la propiedad y a la vivienda reconocidos por la Constitución local”, lo que demostraría una supuesta connivencia entre el Poder Ejecutivo (ejercido por cuarto período por el kirchnerista Gerardo Zamora) y el Poder Judicial locales.
Fuente: Infobae