El gobierno de Nicaragua apunta gran parte de su ataque social contra los líderes religiosos y las organizaciones sin fines de lucro que estos encabezan. Muchos sacerdotes católicos y pastores evangélicos fueron acosados, detenidos y obligados a exiliarse.
Los misioneros estadounidenses de la iglesia Mountain Gateway (Puerta de la Montaña) habían conseguido escapar de esta represión. Provenientes de Texas, sus fundadores llegaron a orar con oficiales de la policía nicaragüense y miembros del Congreso e inspiraron artículos elogiosos en los medios de comunicación del gobierno.
Puerta de la Montaña creció exponencialmente gracias, también, a los millones de dólares en donaciones. Cerca de un millón de personas protagonizaron avivamientos evangélicos que llenaron plazas y estadios de todo el país.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, solo en el último mes han cerrado más de 1600 organizaciones, muchas de ellas iglesias evangélicas. A fines del año pasado, once pastores que los Hancock habían reclutado fueron encarcelados por cargos de lavado de dinero y fraude. Sus familias no los vieron ni supieron nada de ellos desde su detención en diciembre.
En marzo, los pastores fueron condenados a penas de entre 12 y 15 años de prisión y a pagar una multa de 80 millones de dólares cada uno. Incluso los dos abogados que los representaban fueron encarcelados y se confiscaron propiedades de la iglesia por valor de más de 5 millones de dólares.
Los pastores fueron finalmente liberados el jueves en una excarcelación negociada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que incluyó a más de otros 100 presos políticos. Todos los liberados llegaron en avión a Ciudad de Guatemala.
Hancock, su esposa Audrey, su yerno y su nuera también han sido acusados públicamente de lavado de dinero por el gobierno de Nicaragua, pero se encontraban fuera del país durante la redada. Pasaron el año en Washington presionando a miembros del Congreso, el Departamento de Estado, otras agencias y grupos religiosos en favor de los pastores encarcelados.
En nuestro país, las iglesias evangélicas gozan de una absoluta libertad de cultos. Algunas se encuentran bajo el paraguas de denominaciones o grupos de denominaciones, mientras que otras, en general, las más nuevas y las que trabajan en barrios más pobres, tienen total independencia.
¿Creen ustedes que el gobierno tendría que vigilar el accionar de las iglesias evangélicas y sus organizaciones sociales? ¿Nuestro país precisa que las actividades de cultos no católicos tengan un control más estricto?
Fuente: New York Times