Un tribunal ha decretado la nulidad del acto de apertura de una causa judicial contra el expresidente Alberto Fujimori (1900-2000) por las casi 200,000 esterilizaciones forzadas a mujeres pobres e indígenas, la mayoría, miembros de pueblo quechua. La decisión da por tierra con todos los hallazgos, diligencias y avances del caso desde el año 2021.
El dictamen de la Cuarta Sala Penal Superior también desestima una apelación del Ministerio Público peruano, introducida en primera instancia contra la anulación de la causa. Aunque la decisión no prohíbe volver a presentar la acusación, anula el “auto de apertura” de la instrucción del caso y lo devuelve a la etapa de presentación.
Durante el segundo Gobierno de Alberto Fujimori se implementó el Plan Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva, una iniciativa que promovió y ejecutó esterilizaciones forzadas, sistemáticas y masivas a mujeres campesinas, pobres e indígenas, con el único fin de controlar la población. El Gobierno de Fujimori justificó entonces el programa como una estrategia para controlar la pobreza y el crecimiento de las tasas de natalidad en segmentos de población “culturalmente atrasados”.
La campaña —que incluyó también el beneplácito de otros responsables, como ministros de salud, médicos y personal sanitario que recibió incentivos durante los años en funcionamiento— ha sido catalogada por organismos internacionales como un crimen de lesa humanidad.
La causa contra Fujimori por las esterilizaciones masivas ha sido anulada en varias ocasiones. Fujimori, que huyó en el año 2000 a Japón envuelto en una serie de escándalos de corrupción y una trama de sobornos pagados a congresistas por su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, renunció por medio de un fax.
Tras un período de 5 años en Japón, regresó a Latinoamérica en 2005 y fue arrestado en Chile por pedido de Perú. Fujimori fue enjuiciado y condenado a 25 años de cárcel por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno.
En 2023, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia rechazaron un pedido para ampliar la denuncia por el caso de esterilizaciones forzadas, y declaró nulo el proceso que comenzó en 2021 y lo regresó a la etapa de octubre 2018.
Pero la Fiscalía y organizaciones de derechos humanos retomaron el pedido, con la incorporación de nuevos datos, testimonios y evidencias aportados por víctimas que sufrieron las intervenciones quirúrgicas.
«La CIDH urge al Estado adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas en los casos de esterilización forzada y otras violencias contra las mujeres», indicó en la red social X la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al conocer el dictamen.
La decisión también llega apenas un día después de que Congreso peruano promulgara la Ley 32107 —tildada “Ley de amnistía”— que decreta de facto la prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
Fujimori que tiene 86 años y recibió un indulto el 24 de diciembre por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por razones humanitarias, será de nuevo candidato presidencial, según anunció el pasado 15 de julio su hija Keiko, quien ha sido dos veces candidata presidencial.
Fuente: FP