La esposa del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, Rosario Murillo, informó que 1.500 reclusos gozarán de «beneficios legales de convivencia familiar», por lo que podrán el 19 de julio «retornar a sus hogares» tras haber cometido «errores en la vida».
Murilllo dijo que son personas «humildes» y no los «forajidos», en relación a los 128 opositores presos, que no serán liberados. Murillo no mencionó la solicitud hecha el martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a Nicaragua en una resolución la «liberación inmediata» de 25 de los 128 opositores encarcelados por el Gobierno de Ortega.
De paso, aprovechó a criticar a los medios independientes confundiendo la capacidad crítica de los periodistas con el silenciamiento sistemático oficialista a la prensa.
La Corte, con sede en San José, señaló en su escrito que los opositores mencionados «se encuentran privados de la libertad en un contexto de criminalización de personas con posturas críticas o de oposición al actual gobierno de Nicaragua» y cuyos procesos judiciales «habrían sido llevados a cabo sin las garantías del debido proceso».
En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en un informe sobre Nicaragua que al menos 128 opositores se encuentran encarcelados «arbitrariamente» en un contexto de «crisis de derechos humanos» en el país centroamericano. Además solicitó «determinar e informar del paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge», ambos considerados «desaparecidos».
Tras el anuncio del Gobierno nicaragüense, opositores exiliados en Costa Rica dijeron a la AFP que estas liberaciones masivas no suelen incluir a los encarcelados críticos con el Gobierno. «Normalmente, no han incluido presos políticos en estas liberaciones con la medida cautelar de convivencia familiar», afirmaron desde el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX).
Comentaron, además, que «no hay algún indicio de que vayan a liberar a ningún preso político» en relación a la solicitud de la Corte IDH. «Ellos (el Gobierno de Nicaragua) han desacatado de (forma) abierta las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», agregaron.