El pasado sábado 15 de junio de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador llevó a cabo un operativo en las instalaciones de dos compañías distribuidoras de energía eléctrica tras recibir denuncias por presuntos “cobros abusivos”.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denunció cobros excesivos en los recibos de electricidad que superan el consumo normal y acusó de estafa agravada a varias empresas, entre ellas, la Distribuidora de Electricidad del Sur S.A. de C.V. Delsur, que pertenece a Empresas Públicas de Medellín, EPM, en ese país.
La Distribuidora comunicó su plena disposición para asistir a las autoridades en la indagación sobre presuntos cobros excesivos en las facturas de energía eléctrica. La empresa subrayó su compromiso en cooperar con la investigación para esclarecer los hechos y proporcionar la información necesaria que aporte claridad a la situación.
Rodolfo Delgado, jefe de la Fiscalía General de El Salvador, anunció que se ha iniciado una investigación contra dos empresas distribuidoras de energía eléctrica y sus funcionarios están llevando a cabo allanamientos en las oficinas de AES, sus diferentes afiliadas y Delsur, con el objetivo de localizar las bases de datos y compararlas con la información que poseen las entidades reguladoras del Gobierno. Si se descubre que los datos no coinciden y que se ha incrementado la facturación de manera arbitraria, se procederá con las acciones legales correspondientes.
En octubre de 2023, la Asamblea Legislativa, de ese país suspendió un aumento del 9 % en las tarifas de energía eléctrica, decisión que se extendió en enero de 2024. En abril, según informes de medios locales, los legisladores decidieron no utilizar la fórmula establecida por ley para fijar el precio de la electricidad.
“Hemos iniciado una investigación exhaustiva, contra distribuidoras de energía eléctrica, debido a las tantas denuncias de los usuarios, con cobros excesivos que han sido reflejados en sus recibos, en los últimos días. Este día, entramos con el equipo de fiscales, quienes incautarán bases de datos del consumo real de los usuarios y se cotejarán con la información que poseen las diferentes instituciones reguladoras del Gobierno, con el objetivo de investigar si se ha estafado a los salvadoreños”, comentó el funcionario en X.