María Soledad Cerutti, docente de Historia; Lucía Puglia, estudiante de Letras; Camila Juárez, estudiante de Sociología; Sasha Lyardet, estudiante de Comunicación; Santiago Adano, músico; y Remigio Ocampo, vendedor de empanadas, son solo algunas de las 33 personas detenidas el pasado miércoles en Buenos Aires.
Estas detenciones ocurrieron durante la represión policial fuera del Congreso, mientras el Senado debatía la Ley Bases, uno de los proyectos fundamentales del presidente Javier Milei. Entre los detenidos también se encuentra el abogado Juan Spinetto.
Gracias al activismo de organizaciones como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el viernes fueron liberados 17 acusados. Sin embargo, todos los detenidos continúan sujetos a procesos penales.
La oposición y organizaciones de derechos humanos exigen que se anulen los procesamientos y se libere a los 16 imputados que aún permanecen detenidos.
El escándalo va en aumento debido a las denuncias de que el Gobierno de Milei está violando el derecho a la protesta social, reprimiendo a manifestantes y realizando detenciones arbitrarias.
«Cuando se reprime, se manda a la cárcel indiscriminadamente y todavía hay gente detenida, es porque algo muy malo está pasando en nuestro país», advirtió Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, al sumarse a las voces que claman por la liberación de los detenidos.
Esta situación ha provocado un intenso debate sobre el manejo de las protestas y el respeto a los derechos humanos en Argentina, planteando serias dudas sobre las políticas del gobierno actual.