El día de ayer, la Justicia argentina impuso la inhibición general de bienes del exmandatario Alberto Fernández y además, por disposición del juez Julián Ercolini, se exigió que se levante su secreto fiscal y bancario a raíz de la causa que investiga supuestas maniobras fraudulentas en la contratación de seguros de organismos oficiales.
Dicha medida en cuestión se extiende sobre otros empresarios y ex funcionarios de Nación Seguros, involucrados en el escándalo de los seguros durante el mandato de Fernández.
A tan solo pocos días de la salida del ex titular de Nación Seguros, Mauro Tanos, el juez Ercolini dispuso esa inhibición, en el contexto de una investigación de una supuesta red de contrataciones millonarias, mediante la cual brokers privados se habrían quedado con cuantiosas sumas de dinero.
El magistrado lidera la investigación de presuntas irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de $3.400 millones de comisiones.
Cabe destacar que la denuncia se produjo a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.