El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, enfrenta una tercera jornada de interrogatorio por parte de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) en relación con su breve imposición de la ley marcial en diciembre.
Sin embargo, el mandatario ha optado por no declarar, argumentando que ya expresó su postura inicial y considera innecesario someterse a más preguntas. Pese a los intentos de sus abogados de impugnar su detención, un tribunal ratificó la legalidad de su arresto y reconoció la autoridad de la CIO para continuar con la investigación.
Yoon permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Seúl tras ser detenido el miércoles en su residencia. El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa, que alegaba que la CIO no tiene jurisdicción sobre el caso de insurrección por el que se le investiga.
Además, se espera que las autoridades soliciten extender el período de detención, que vence este viernes por la noche, para avanzar en el proceso judicial.
El equipo legal del presidente insiste en que no existen fundamentos suficientes para la investigación y que las prolongadas sesiones de interrogatorio afectan la salud del mandatario.
Mientras tanto, el caso continúa generando tensiones políticas en Corea del Sur, polarizando a la opinión pública y manteniendo el enfoque sobre la cuestionada gestión de Yoon durante su mandato.