República Dominicana.-La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha recibido amplio respaldo por parte de diputados de diversas bancadas.
Legisladores como Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), han señalado que la normativa era inconstitucional desde su concepción, destacando que vulneraba derechos fundamentales, especialmente de periodistas y comunicadores, al exigir la revelación de sus fuentes y permitir intervenciones sin órdenes judiciales.
Raposo calificó la sentencia del TC como una medida en defensa de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos del Estado.
Por su parte, Ignacio Aracena, legislador oficialista, subrayó que el Congreso debe reflexionar sobre los procedimientos empleados para aprobar leyes de este tipo. Según Aracena, la resolución del TC demuestra la importancia del sistema democrático y la labor de los órganos de control para garantizar que la legislación respete los principios constitucionales.
Además, Alcibíades Tavárez, diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), instó a sus colegas a examinar minuciosamente futuros proyectos para evitar errores similares, asegurando que cualquier normativa aprobada debe ser compatible con los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La decisión del TC, plasmada en la Sentencia TC/0767/24, representa una victoria para la oposición política, incluyendo a la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el PRD, quienes interpusieron la acción de inconstitucionalidad.
Rafael Augusto Castillo, otro legislador que saludó la medida, enfatizó que esta sentencia era crucial para garantizar un adecuado desarrollo social y jurídico.
Con este fallo, el Tribunal Constitucional reafirma su papel como garante del estado de derecho y protector de los derechos fundamentales en República Dominicana.