Esta semana, Grace Ocean Private Limited y Synergy Marine PTE LTD, las dos empresas propietarias y operadoras del barco Dali, el cual se estrelló contra el puente Francis Scott Key cerca de Baltimore, dejando varios muertos, emitieron una presentación judicial para limitar su responsabilidad en esta tragedia.
En su petición legal conjunta, las empresas afirman que el colapso del puente “no se debió a cualquier falta, negligencia o falta de atención por parte de los peticionarios, la embarcación o cualquier persona o entidad por cuyos actos los peticionarios puede ser responsable”.
Cabe resaltar que además del trágico costo de vidas humanas, el colapso del puente también ha provocado daños financieros incalculables. Algunas estimaciones sitúan el costo para la reconstrucción del puente hasta 800 millones de dólares y otros proyectan que reclamaciones de seguros. El episodio podría ascender a 4.000 millones de dólares.
Hasta ahora, el gobierno federal ha distribuido 60 millones de dólares en fondos de emergencia para ayudar con los esfuerzos de limpieza, pero por lo demás la carrera continúa hacia ver quién pagará el desastre gigantesco.
En casos como este, no está descartado que las personas o empresas sean demandadas. Las empresas en cuestión están claramente tratando de adelantarse a todo ese proceso y limitar el grado en que eso puede suceder.