El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh ha presentado cargos formales contra 13 ex altos funcionarios del gobierno, incluidos 11 exministros, un juez y un ex secretario, acusándolos de permitir una “masacre” durante una represión masiva que dejó más de 1.000 muertos.
Estos disturbios, liderados por estudiantes, culminaron en la caída del gobierno de la ex primera ministra Sheikh Hasina y su posterior exilio en la India. Según el fiscal Mohammad Tajul Islam, los acusados son señalados de “responsabilidad de mando” por haber incitado y facilitado la violencia durante las protestas de agosto.
La fiscalía alega que los exfuncionarios permitieron que las fuerzas de seguridad utilizaran tácticas brutales para sofocar las manifestaciones, ordenando disparar a los manifestantes sin previo aviso.
Islam declaró que los acusados no solo fallaron en prevenir el derramamiento de sangre, sino que también obstaculizaron activamente los esfuerzos para detener la violencia, lo que resultó en cientos de muertes.
El tribunal ha otorgado un plazo de un mes para que los investigadores concluyan su trabajo sobre la ex primera ministra Hasina, quien también está bajo escrutinio por su posible papel en la represión.
El colapso del régimen de Hasina ha desencadenado una serie de arrestos de sus aliados políticos, quienes han sido acusados de participar en las decisiones que llevaron a la violenta represión.
La situación ha generado un tenso clima político en Bangladesh, con llamados a justicia por las familias de las víctimas. Este caso podría tener un impacto significativo en el panorama político del país, mientras los investigadores intensifican sus esfuerzos para concluir la investigación antes del plazo establecido por el tribunal.