La justicia argentina, a solicitud del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, ordenó la detención de 61 ciudadanos brasileños con condenas firmes por su participación en los ataques a los tres poderes públicos de Brasil en enero de 2023.
Estos hechos ocurrieron una semana después de la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuando miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema en un intento por anular las elecciones.
El juez Daniel Rafecas emitió las órdenes de detención contra los brasileños que actualmente se encuentran en Argentina, marcando el inicio del proceso de extradición. Hasta el momento, dos personas ya han sido arrestadas, y se espera que las demás sean detenidas dondequiera que sean localizadas en territorio argentino.
Este operativo forma parte de una cooperación entre ambos países para capturar a más de 140 fugitivos relacionados con los disturbios.
En octubre, el gobierno argentino modificó su ley de refugio, excluyendo de este beneficio a extranjeros imputados o condenados en sus países de origen.
Este cambio facilita la extradición de los brasileños implicados, quienes enfrentan sentencias de prisión efectiva por delitos relacionados con los ataques contra la democracia en Brasil.