La reforma judicial en México, aprobada por el Congreso y promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta un fuerte conflicto legal con más de 70 suspensiones judiciales emitidas por tribunales locales, que buscan frenar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), prevista para junio de 2025.
A pesar de la oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la convocatoria para el proceso electoral la próxima semana.
El conflicto se intensificó cuando la SCJN decidió revisar la constitucionalidad de la reforma, con tres jueces en contra, lo que agravó las tensiones entre la presidenta de la Corte, Norma Piña, y Sheinbaum.
La magistrada Lenia Batres calificó la decisión como un «golpe de Estado» técnico, mientras Sheinbaum minimizó el impacto de la revisión, asegurando que los jueces que votaron a favor de analizar la reforma actuaron de manera ilegal.
Además de las impugnaciones judiciales, colectivos han exigido al Instituto Nacional Electoral (INE) que suspenda el proceso de elección, lo que generó más controversia.
El INE continúa con los preparativos, impugnando las decisiones judiciales y alegando que los jueces locales no tienen competencia para interferir en asuntos electorales.
La situación sigue escalando, con multas y sanciones potenciales para el INE si no se acatan las suspensiones.