La llegada del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia a Madrid ha desatado un nuevo debate en la política española sobre el manejo del Gobierno respecto a la situación en Venezuela.
El candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fue asilado por el Gobierno de Pedro Sánchez tras una mediación clave del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque el Partido Popular (PP) apoya el asilo, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que no se reconociera a González Urrutia como “presidente electo” de Venezuela, lo que ha provocado tensiones entre el PP y el gobierno del PSOE.
Como respuesta a estas discrepancias, el PP impulsó una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para reconocer a González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Esta iniciativa obtuvo 177 votos, incluyendo los del PP, Vox y algunos partidos regionalistas.
Sin embargo, al tratarse de una PNL, no tiene carácter vinculante, por lo que el Gobierno no está obligado a actuar en consecuencia. A pesar de la votación favorable, el Ejecutivo de Sánchez ha insistido en que su prioridad es proteger los derechos de los opositores venezolanos sin injerencias en los procesos internos del país latinoamericano.
El conflicto ha llevado a algunos analistas a señalar el riesgo de que esta situación pueda desembocar en una especie de “Guaidó 2.0”, con el reconocimiento simbólico de un líder opositor sin un impacto real en el terreno.
La oposición sigue presionando para que se reconozca a González Urrutia como líder legítimo, mientras que el Gobierno socialista busca evitar una escalada diplomática con Venezuela y mantener una posición prudente en el ámbito internacional.